Alertan tachaduras en acta de allanamiento a la Ceel
Viernes 21 de octubre de 2016
Los abogados que defienden a Alberto Romero y Héctor Zagert, presidente de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel) y consejero respectivamente, advirtieron la existencia de tachaduras en el acta de allanamiento concretado a la entidad el pasado martes 11 de octubre.
“Lo único que pedimos es transparencia, objetividad e imparcialidad”, dijo el abogado Fernando Acosta tras advertir la adulteración del citado documento público.
“Se desconoce quién ni por qué se realizó esa tachadura”, añadió el abogado.
A lo anterior se suman, como publicara este matutino el pasado domingo, los dos pedidos de recusación planteados junto al doctor José Rufino Aranda, tras el allanamiento de la Ceel, en el marco de una investigación judicial por coacción y defraudación.
La Justicia investiga presuntas refacturaciones que habrían impedido el ingreso a la entidad -por gastos de energía y agua-, como mínimo, de 2 millones de pesos.
La defensa de Romero y Zagert planteó una doble recusación con expresión de causa tanto contra la jueza Nuria Allou como contra la abogada Verónica Cabrera; en ambos casos por vínculos cercanos con el denunciante.
En el primer caso la Cámara de Apelaciones de Posadas analiza en estos momentos el apartamiento o continuidad de la jueza en esta causa.
Los defensores presumen que “no habrá imparcialidad y objetividad en su actuar, ya que Diego Florentín, el denunciante, es hijo de León Florentín, primo del esposo de la jueza (en alusión a Juan Carlos Florentín)”.
Si bien indican que no es causal de inhibición o recusación, “no se puede negar que existe una vinculación estrecha”.
Tachado un nombre
En tanto, en el segundo caso, se habría tachado el nombre de Verónica Cabrera en algunos tramos del expediente y reemplazado por Ana María Salón.
Antes de conocerse la adulteración del documento como denuncian ahora, la defensa pidió recusar a la abogada Verónica Cabrera, al plantear que la auxiliar del Juzgado es pareja del denunciante, madre del hijo de Diego Florentín, “y es la persona que lleva adelante la causa judicial”.
Se indica que en momento de diligenciarse la orden de allanamiento a la Ceel, “el oficial Diego Reina, a cargo del diligenciamiento, en varias oportunidades a lo largo del desarrollo de ese allanamiento se comunicó vía telefónica con Verónica Cabrera, la pareja de Diego Florentín, el denunciante, y la doctora Cabrera le daba instrucciones de lo que debía hacer el oficial Diego Reina”.
Las medidas judiciales se habían iniciado a partir de la denuncia presentada por Diego Florentín y elevada en principio a la fiscal Viviana Alderice, quien se avocó al conocimiento de la causa y ordenó medidas procesales, entre ellas el libramiento de dos oficios, que desde la defensa, asegura, fueron contestadas en tiempo y forma.
De esta manera, quedaría por resolverse las dos recusaciones, sumado ahora sobre los orígenes y motivos de la adulteración del documento público indicado, como denuncian los abogados de Romero y Zagert.
“Lo único que pedimos es transparencia, objetividad e imparcialidad”, dijo el abogado Fernando Acosta tras advertir la adulteración del citado documento público.
“Se desconoce quién ni por qué se realizó esa tachadura”, añadió el abogado.
La Justicia investiga presuntas refacturaciones que habrían impedido el ingreso a la entidad -por gastos de energía y agua-, como mínimo, de 2 millones de pesos.
La defensa de Romero y Zagert planteó una doble recusación con expresión de causa tanto contra la jueza Nuria Allou como contra la abogada Verónica Cabrera; en ambos casos por vínculos cercanos con el denunciante.
En el primer caso la Cámara de Apelaciones de Posadas analiza en estos momentos el apartamiento o continuidad de la jueza en esta causa.
Los defensores presumen que “no habrá imparcialidad y objetividad en su actuar, ya que Diego Florentín, el denunciante, es hijo de León Florentín, primo del esposo de la jueza (en alusión a Juan Carlos Florentín)”.
Si bien indican que no es causal de inhibición o recusación, “no se puede negar que existe una vinculación estrecha”.
Tachado un nombre
En tanto, en el segundo caso, se habría tachado el nombre de Verónica Cabrera en algunos tramos del expediente y reemplazado por Ana María Salón.
Antes de conocerse la adulteración del documento como denuncian ahora, la defensa pidió recusar a la abogada Verónica Cabrera, al plantear que la auxiliar del Juzgado es pareja del denunciante, madre del hijo de Diego Florentín, “y es la persona que lleva adelante la causa judicial”.
Se indica que en momento de diligenciarse la orden de allanamiento a la Ceel, “el oficial Diego Reina, a cargo del diligenciamiento, en varias oportunidades a lo largo del desarrollo de ese allanamiento se comunicó vía telefónica con Verónica Cabrera, la pareja de Diego Florentín, el denunciante, y la doctora Cabrera le daba instrucciones de lo que debía hacer el oficial Diego Reina”.
Las medidas judiciales se habían iniciado a partir de la denuncia presentada por Diego Florentín y elevada en principio a la fiscal Viviana Alderice, quien se avocó al conocimiento de la causa y ordenó medidas procesales, entre ellas el libramiento de dos oficios, que desde la defensa, asegura, fueron contestadas en tiempo y forma.
De esta manera, quedaría por resolverse las dos recusaciones, sumado ahora sobre los orígenes y motivos de la adulteración del documento público indicado, como denuncian los abogados de Romero y Zagert.
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