Actualizarán sistema de requisas utilizado en cárceles de Misiones

Modificar el sistema de requisas, mejorar las condiciones de habitabilidad, revisar la situación de los niños y acelerar los procesos judiciales fueron algunos de los puntos planteados en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que sesionó ayer por primera vez. Presidida por Rita Núñez, la reunión en la Cámara de Representantes representó un verdadero debate donde se expusieron diversos puntos de vista sobre un mismo tema: la situación en las cárceles de Misiones.
En primera instancia, los integrantes de la comisión dieron a conocer el trabajo que realizaron centrado en visitas a centros de detención y entrevistas a los internos que derivaron en al menos trece presentaciones judiciales por malos tratos. Todo esto, sumado a datos atinentes a la precariedad del lugar y las condiciones de inferioridad a la que están sometidos muchas veces los presos, fueron detallados en un informe elaborado por la comisión y entregado a los organismos que trabajan en conjunto, para constituir el último paso para la conformación definitiva del sistema de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanas o degradantes.

Requisa
Uno de los puntos fue la posibilidad de modificar las normativas y conformar un reglamento unificado por el que se deberían regir las requisas en las dependencias carcelarias. Si bien, en la comisión coincidieron en que representa un medio necesario para evitar que las personas privadas de libertad tengan acceso a artículos o sustancias peligrosas, indicaron que cuando son llevadas a cabo de forma discriminatoria y degradante, vulnera ciertos derechos.
Respecto de esto, el subsecretario de Seguridad, Ariel Marinoni, remarcó que ya se solicitó la incorporación de escáners para las requisas externas. “La requisa implica seguridad, porque lamentablemente la imaginación y necesidad llevan a que se utilicen todo tipo de recursos para ingresar artículos prohibidos. Nadie justifica excesos y cuando se producen  incentivamos denuncias”, detalló.
Por su parte, Nicolás Andorno del Centro Integral de Salud Mental y Acompañamiento Terapéutico (Cismat), indicó que hay siete acompañantes terapéuticos que trabajan con los internos. "Debe ser un trabajo de articulación, no de tirar piedras contra nadie. Hay que generar espacios de pensamiento", dijo.
En esa misma línea, también se abordó el tema de los controles que se están realizando en la vía pública. Marinoni indicó como un orgullo el trabajo de los efectivos que realizan grandes operativos a fin de evitar delitos. No obstante, el abogado penalista Eduardo Paredes explicó que “la detención por averiguación de antecedentes es ilegal”.
“Es inconstitucional. Hay un fallo de la época del 70 que decía que sólo se puede detener a alguien si se está vinculando con un probable delito, no para ver quién es. Hay que evitar continuar con las razias en barrios carenciados deteniendo chicos. Es un proceso sin sentido de encarcelamiento masivo”, dijo.
En tanto, el jefe de la Policía de Misiones, Manuel Céspedes, resaltó que “la Policía provincial está trabajando en lineamientos con el Ministerio de Gobierno y cerramos algunos lugares de detención que para nosotros eran inhumanos; hoy hay 135 comisarías y 84 destacamentos”. Asimismo, indicó que muchas veces también los policías son víctimas de los internos. “Tenemos un promedio de nueve policías heridos por mes, por eso la tarea se vuelve difícil”, dijo.
Para todos estos casos, se planteó también la creación de un juzgado de ejecución penal.

Niños
Asimismo, la diputada María Losada hizo hincapié en el estado de situación de los niños y niñas que se encuentras privados de libertad, en condiciones similares a la de los adultos. Principalmente se refirió a la Unidad Penal IV conocida como correccional de menores. Manifestó que, de por sí, no debería llevar ese nombre a raíz de que el objetivo es la reinserción de los chicos a la sociedad.
En ese ámbito, desde la Asociación Pensamiento Penal señalaron que “son muchas las falencias sistemáticas en cuanto a los niños, cada uno debería tener un asesor cautelar. Con los chicos no podemos tener el mismo trato con que los adultos, no sólo se debe cambiar el nombre sino la estructura, porque esos pabellones comunes en los que están provocan vejaciones, ataques sexuales. No hace falta mucho presupuesto para cambiar esto, sólo un poco de imaginación”. 
De igual forma, las representantes del Colegio de Psicólogos indicaron que los niños deben tener apoyo terapéutico y se ofrecieron a brindar servicios de manera gratuita en los centros de detención, de ser necesario. “Sabemos de lo que estamos hablando, esas situaciones dejan lesiones gravísimas psíquicas en los niños”, argumentaron, como también dijeron que es importante la capacitación de las personas que tratan con los niños.
Losada indicó además que las ONG no pueden ser las únicas que se encarguen de los niños, sino que el Estado debería tomar parte y garantizar los derechos básicos.